Incumplimiento de contrato: qué hacer y cómo reclamar

Firmar un contrato supone asumir una serie de obligaciones para las partes. El problema aparece cuando una de ellas no cumple lo pactado, lo hace tarde, ejecuta solo una parte de la prestación o actúa de una forma distinta a la acordada.

Ante un incumplimiento de contrato, la solución no consiste siempre en presentar inmediatamente una demanda. Primero es necesario determinar qué obligación se ha incumplido, comprobar qué establece el contrato y valorar si interesa exigir su cumplimiento, resolver la relación contractual o reclamar los daños producidos.

En muchos conflictos civiles, actuar correctamente desde el primer requerimiento puede condicionar la reclamación posterior.

No todo desacuerdo entre las partes constituye necesariamente un incumplimiento jurídico relevante.

Puede existir incumplimiento cuando, por ejemplo:

• no se entrega un bien en el plazo acordado;
• no se realiza un trabajo o servicio contratado;
• la prestación se ejecuta de forma incompleta;
• se entrega algo distinto de lo pactado;
• se incumplen obligaciones esenciales del contrato;
• o una de las partes deja de pagar el precio acordado.

Antes de reclamar es importante revisar el contrato completo, porque determinadas cláusulas pueden establecer plazos, requisitos de notificación, penalizaciones o mecanismos específicos para resolver las discrepancias.

La reclamación debe poder demostrarse.

Conviene conservar:

• el contrato y sus anexos;
• presupuestos aceptados;
• correos electrónicos;
• mensajes entre las partes;
• facturas y justificantes de pago;
• albaranes;
• fotografías;
• comunicaciones sobre retrasos o defectos;
• y cualquier documento que permita acreditar lo ocurrido.

No basta con demostrar que existía un contrato. También es necesario poder acreditar qué obligación concreta debía cumplirse y de qué manera se produjo el incumplimiento.

En muchos casos, el primer paso será requerir a la otra parte para que cumpla.

La comunicación debería identificar con claridad:

• el contrato afectado;
• la obligación incumplida;
• qué actuación se exige;
• el plazo concedido para cumplir;
• y las consecuencias que pueden derivarse de mantener el incumplimiento.

Es conveniente utilizar un medio que permita acreditar tanto el contenido como la recepción de la comunicación.

Este requerimiento puede servir además para dejar constancia de que se intentó solucionar el conflicto antes de acudir a los tribunales.

En las obligaciones recíprocas, el artículo 1124 del Código Civil permite al perjudicado, cuando concurren los requisitos correspondientes, optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o solicitar la resolución del contrato, pudiendo reclamarse además daños y perjuicios e intereses. BOE

La elección dependerá de las circunstancias.

Por ejemplo, puede interesar exigir el cumplimiento cuando la prestación todavía resulta útil y puede realizarse correctamente.

En cambio, cuando el incumplimiento afecta de forma relevante a la finalidad del contrato, puede resultar más adecuado estudiar su resolución.

Resolver el contrato supone poner fin a la relación contractual como consecuencia del incumplimiento.

No cualquier irregularidad permite necesariamente adoptar esta medida. Debe analizarse la importancia de la obligación incumplida y el efecto que produce sobre el contrato.

Por eso es arriesgado dar por terminado unilateralmente un contrato sin estudiar antes:

• la gravedad del incumplimiento;
• las obligaciones de ambas partes;
• las cláusulas pactadas;
• y las consecuencias económicas de la resolución.

Una decisión precipitada puede provocar que la otra parte sostenga que quien realmente incumplió fue quien decidió resolver el contrato.

Sí, cuando concurren los requisitos legales y puede acreditarse el perjuicio.

El artículo 1101 del Código Civil establece que pueden quedar sujetos a indemnización quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurran en dolo, negligencia, morosidad o contravengan lo pactado. BOE

Pero no basta con afirmar que ha existido un daño.

Normalmente será necesario acreditar:

1. que existía una obligación;
2. que se produjo un incumplimiento;
3. que existe un perjuicio económicamente valorable;
4. y que ese perjuicio deriva del incumplimiento.

Por ello conviene conservar facturas, presupuestos, informes u otros documentos que permitan cuantificar el daño.

Desde 2025 existe además un aspecto procesal importante.

La Ley Orgánica 1/2025 establece, con carácter general en la jurisdicción civil, la necesidad de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias antes de presentar determinados procesos declarativos. BOE

Ese requisito puede cumplirse mediante distintas formas de negociación previstas legalmente, entre ellas:

• negociación directa;
• negociación entre abogados;
• mediación;
• conciliación;
• oferta vinculante confidencial;
• u otros mecanismos admitidos por la ley.

No significa que las partes estén obligadas a alcanzar un acuerdo.

Lo que exige la norma en los supuestos afectados es haber realizado una actividad negociadora previa correctamente planteada y poder acreditarla posteriormente.

Por ello, el requerimiento inicial no debería redactarse de forma improvisada cuando existe la posibilidad de que el conflicto termine ante los tribunales.

El plazo depende del tipo de acción.

Con carácter general, el Código Civil establece que las acciones personales que no tengan señalado otro plazo especial prescriben a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento de la obligación. BOE

Sin embargo, determinados contratos y acciones tienen reglas específicas.

Por tanto, no debe aplicarse automáticamente el plazo de cinco años a cualquier conflicto contractual sin estudiar previamente la naturaleza de la relación.

Esperar innecesariamente puede dificultar también la prueba de los hechos, aunque la acción todavía no haya prescrito.

Cuando la negociación no permite resolver el conflicto, habrá que determinar qué acción resulta adecuada.

Según el caso, puede plantearse:

• una reclamación para exigir el cumplimiento;
• la resolución del contrato;
• una reclamación económica;
• una indemnización de daños y perjuicios;
• o una combinación de algunas de estas pretensiones cuando jurídicamente proceda.

Cuando el incumplimiento consiste en una cantidad pendiente de pago, el conflicto puede derivar en una reclamación económica. En esos casos, puede resultar útil conocer también cómo reclamar una deuda y qué pasos conviene seguir antes de acudir a los tribunales.

La vía procesal dependerá también de la naturaleza de la reclamación y de su cuantía.

Por ello, antes de iniciar un procedimiento conviene definir exactamente qué se pretende obtener del tribunal.

En los conflictos contractuales no existe una solución universal.

Dos casos que aparentemente consisten en «un contrato incumplido» pueden requerir estrategias completamente diferentes dependiendo de:

• cómo esté redactado el contrato;
• qué obligación se haya incumplido;
• si ambas partes han cumplido previamente;
• las comunicaciones realizadas;
• el perjuicio ocasionado;
• y los plazos aplicables.

Una revisión previa permite valorar si resulta conveniente requerir el cumplimiento, negociar una salida, resolver el contrato o iniciar una reclamación judicial.

Los incumplimientos contractuales forman parte de los conflictos habituales del Derecho Civil y pueden afectar tanto a particulares como a profesionales y empresas.

Luis Serna Nácher presta asesoramiento jurídico en Ourense en asuntos civiles relacionados con contratos, incumplimientos, reclamaciones económicas y responsabilidad contractual, analizando la documentación y las alternativas disponibles en cada caso.

Este artículo ofrece información general y no sustituye el estudio jurídico de una situación concreta.