¿Qué pasa si mi pareja no quiere divorciarse?

Cuando uno de los cónyuges quiere poner fin al matrimonio y el otro se opone, es frecuente pensar que el divorcio no puede tramitarse hasta que ambos estén de acuerdo. Sin embargo, en España no es necesario contar con el consentimiento de la pareja para solicitar el divorcio.

Si una persona quiere divorciarse en Ourense y su cónyuge se niega a firmar, no responde o rechaza las medidas propuestas, puede iniciar un procedimiento de divorcio contencioso. La oposición puede hacer que el proceso resulte más complejo, pero no permite mantener indefinidamente el matrimonio contra la voluntad de uno de sus integrantes.

Lo importante será diferenciar la decisión de divorciarse de las consecuencias que deben regularse, como la custodia de los hijos, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda o las cuestiones económicas.

Sí. El artículo 86 del Código Civil establece que el divorcio puede decretarse a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro.

Esto significa que el otro cónyuge no puede impedir el divorcio simplemente negándose a firmar o manifestando que desea continuar casado.

Tampoco es necesario:

Alegar infidelidad, abandono u otra causa concreta.
Demostrar que uno de los cónyuges es responsable de la ruptura.
Haber tramitado previamente una separación.
Llevar un determinado tiempo sin convivir.
Obtener la autorización de la otra persona.

La voluntad de uno de los cónyuges es suficiente para solicitar judicialmente la disolución del matrimonio, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Con carácter general, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio.

El artículo 81 del Código Civil, al que se remite la regulación del divorcio, permite presentar la demanda antes de que transcurra ese plazo cuando se acredite un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos.

Fuera de estas situaciones excepcionales, una vez cumplidos los tres meses, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin necesidad de justificar la ruptura.

En estos conflictos conviene separar dos cuestiones diferentes:

1. La decisión de poner fin al matrimonio.
2. Las medidas que regularán las consecuencias del divorcio.

El cónyuge demandado no puede impedir que se decrete el divorcio. No obstante, sí puede oponerse a las medidas solicitadas por la otra parte y formular sus propias propuestas.

El desacuerdo puede afectar, entre otras cuestiones, a:

• La guarda y custodia de los hijos.
• El régimen de estancias y comunicaciones.
• La pensión de alimentos.
• Los gastos extraordinarios.
• El ejercicio de la patria potestad.
• El uso de la vivienda familiar.
• La contribución a las cargas.
• La pensión compensatoria.
• El cuidado de los animales de compañía.
• Determinadas cuestiones patrimoniales.

Por tanto, el objeto principal del conflicto no suele ser si se concede el divorcio, sino cómo deben regularse sus efectos.

Cuando ambos cónyuges quieren divorciarse y están de acuerdo con las medidas, pueden presentar una propuesta de convenio regulador y tramitar un divorcio de mutuo acuerdo.

Si uno de ellos no quiere divorciarse o rechaza las medidas propuestas, será necesario iniciar un divorcio contencioso. En este procedimiento, cada parte plantea sus pretensiones y aporta la documentación y las pruebas que considere necesarias.

Finalmente, el juzgado resolverá las cuestiones discutidas atendiendo a la legislación aplicable y a las circunstancias acreditadas.

La demanda debe prepararse con especial cuidado, porque no basta con solicitar el divorcio. También debe incluir una propuesta fundamentada sobre las medidas que deban regularse.

El artículo 90 del Código Civil identifica las principales cuestiones que pueden regularse tras una separación o un divorcio.

Dependiendo de las circunstancias, el juzgado podrá pronunciarse sobre:

• El cuidado de los hijos y el ejercicio de la patria potestad.
• El régimen de comunicación y estancia con cada progenitor.
• La pensión de alimentos y sus actualizaciones.
• La contribución a los gastos extraordinarios.
• La atribución temporal del uso de la vivienda familiar.
• La contribución a las cargas del matrimonio.
• La posible pensión compensatoria.
• El destino, convivencia y gastos de los animales de compañía.
• Las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas.

Cuando existen hijos menores, las decisiones deben adoptarse teniendo como referencia su interés superior. Las preferencias de los progenitores son relevantes, pero no determinan por sí solas el resultado.

La negativa a firmar impide presentar un convenio regulador conjunto, pero no bloquea el divorcio contencioso.

En ese caso, el procedimiento se inicia mediante una demanda presentada por uno de los cónyuges. El juzgado deberá comunicarla formalmente al otro para que pueda contestar y defender sus intereses.

La firma del cónyuge demandado no es necesaria para que la demanda sea admitida ni para que el juzgado dicte sentencia.

También conviene distinguir entre:

• Negarse a firmar un convenio.
• Oponerse formalmente a la demanda.
• No recoger voluntariamente una comunicación.
• No comparecer en el procedimiento.

Cada situación exige una respuesta procesal diferente, pero ninguna concede al demandado un derecho a paralizar indefinidamente el divorcio.

Si el cónyuge demandado ha sido correctamente emplazado y no comparece dentro del plazo correspondiente, puede ser declarado en rebeldía procesal.

La rebeldía no supone que acepte automáticamente todo lo solicitado por la otra parte. El juzgado deberá examinar la demanda, la documentación y las pruebas antes de resolver.

Sin embargo, su ausencia tampoco paraliza necesariamente el procedimiento. El divorcio puede continuar y terminar mediante sentencia aunque el demandado no participe, siempre que se hayan respetado las garantías de comunicación y defensa previstas legalmente.

Sí. Haber iniciado un divorcio contencioso no impide que los cónyuges negocien posteriormente.

Durante el procedimiento pueden alcanzar un acuerdo total o parcial sobre las medidas y solicitar que la tramitación continúe por la vía correspondiente al mutuo acuerdo.

También pueden consensuar únicamente algunas cuestiones y dejar que el juzgado resuelva las restantes.

Un acuerdo posterior puede reducir el conflicto, el tiempo de tramitación y la incertidumbre sobre el resultado, pero debe redactarse con precisión y respetar los derechos de los hijos y de ambos cónyuges.

No. El divorcio ante notario exige que ambos cónyuges quieran divorciarse y estén de acuerdo con las medidas que deban regular sus efectos.

Además, esta vía solo está disponible cuando no existen hijos menores no emancipados ni hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente determinadas medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores.

Si uno de los cónyuges se niega a prestar su consentimiento, será necesario acudir al procedimiento judicial.

En determinados casos puede ser necesario regular temporalmente la situación antes de que se dicte la sentencia definitiva.

Las medidas provisionales pueden abordar cuestiones como:

• Con quién permanecerán los hijos.
• Cómo se organizarán las estancias con cada progenitor.
• Quién utilizará temporalmente la vivienda familiar.
• Qué cantidad debe abonarse como alimentos.
• Cómo se atenderán las cargas y gastos más urgentes.
• Qué bienes deben quedar sometidos a determinadas medidas de administración.

Estas medidas no resuelven definitivamente el divorcio, pero permiten ordenar la situación mientras se tramita el procedimiento principal.

No necesariamente. La sentencia de divorcio produce la disolución del régimen económico matrimonial cuando proceda, pero eso no significa que todos los bienes comunes queden automáticamente valorados y repartidos.

La liquidación puede realizarse:

• De común acuerdo.
• Dentro del convenio regulador, cuando resulte posible.
• Mediante escritura pública.
• A través de un procedimiento judicial específico si no existe acuerdo.

Antes de plantear el reparto conviene identificar correctamente los bienes, las deudas, las aportaciones privativas, los saldos bancarios, los préstamos y las posibles compensaciones.

La documentación concreta dependerá de las medidas que se soliciten, pero habitualmente será necesario reunir:

• Certificado de matrimonio.
• Certificados de nacimiento de los hijos.
• Documentación sobre ingresos y situación laboral.
• Declaraciones tributarias y nóminas.
• Información sobre gastos ordinarios y extraordinarios de los hijos.
• Escrituras o contratos relacionados con la vivienda.
• Recibos de préstamos, alquileres, suministros y seguros.
• Información bancaria y patrimonial.
• Documentos que acrediten las circunstancias alegadas.
• Propuestas sobre custodia, estancias, alimentos y uso de la vivienda.

La Ley de Enjuiciamiento Civil exige acompañar a la demanda los certificados correspondientes y los documentos en los que cada parte funde sus pretensiones.

Preparar esta información desde el principio facilita que las medidas solicitadas estén justificadas y evita retrasos innecesarios.

Cuando una persona quiere divorciarse y su pareja se opone, el primer paso debe ser reunir la documentación y definir qué medidas necesita solicitar.

No basta con plantear la disolución del matrimonio. También habrá que estudiar la situación de los hijos, la vivienda, los ingresos, los gastos, las pensiones y el régimen económico matrimonial.

Luis Serna Nácher ofrece asesoramiento en divorcios y separaciones en Ourense, tanto en procedimientos de mutuo acuerdo como en divorcios contenciosos.

Puedes solicitar una consulta para analizar la situación y preparar la vía más adecuada.

Este artículo ofrece información general y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.